Tuesday, October 17, 2006

EL DERECHO PENAL FISCAL, ¿AUTÓNOMO O ESPECIALIDAD?

El derecho penal, se define como el conjunto de normas jurídicas de orden público, que estudian el delito, al delincuente, la medida de seguridad y la pena, con el objeto de preservar el orden social, atendiendo a los bienes jurídicos que son tutelados por el Estado.

Se dice que el derecho fiscales México, es el conjunto de normas jurídicas que estudian el establecimiento de los tributos, que de acuerdo al artículo 2º del Código Fiscal de la Federación, incluye a los impuestos, a las aportaciones de seguridad social, a las contribuciones de mejoras, a los derechos, los accesorios de las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios y por último los productos que se establecen entre la administración y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento e incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a las sanciones establecidas.

El artículo 31 fracción IV constitucional, establece éstas obligaciones, con el objeto único y exclusivo de contribuir con el gasto público, que en relación con el artículo 1º del Código fiscal de la federación, nos establecen principios tales como el principio de estricticidad fiscal, que será tocado más adelante.

El código fiscal de la federación, nos refiere a las sanciones y a los delitos fiscales, los cuales deben de ser estudiados de manera independiente para poder determinar si es que el derecho penal fiscal es una especialidad del derecho penal o es un derecho autónomo.

Se puede afirmar que la sanción se está refiriendo al ámbito administrativo, es decir, que cuando el Código Fiscal de la Federación, habla de las sanciones en materia fiscal, está estableciendo los criterios que el Estado tutela y que por tanto busca omitir las conductas tendientes a adulterar éstos principios; cuando el Estado, considera que dichas acciones u omisiones que son cometidas tanto por el gobernado en ambas modalidades, como persona física o moral y por el mismo funcionario público, estaremos frente a las sanciones, las cuales como ya se mencionó, van encaminadas única y exclusivamente en materia administrativa, toda vez que se refieren a la actividad que realiza el poder Ejecutivo en cuanto a su estructura, organización y funcionamiento.

Así las cosas, se tiene que el derecho administrativo, es el conjunto de Normas jurídicas de que se encargan de regular la estructura y organización del poder ejecutivo, así como las facultades y tareas que dicho poder realiza en el cumplimiento de su función administrativa.

Ahora bien, el derecho penal administrativo, es el derecho represivo de la administración pública

En cambio, el derecho penal fiscal, si va encaminado a castigar las trasgresiones que sufre el Estado respecto de los ingresos que señalan las leyes contributivas y que desde el orden constitucional son tuteladas con el artículo 31 fracción IV.

Se considera que el derecho penal fiscal, busca proteger no sólo la actividad administrativa del Estado, sino que debe de atender a lo imperado por el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece de manera precisa que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.

Una vez asentado lo anterior, se está en la posibilidad de interpretar si el derecho penal fiscal es una especialidad del derecho penal, lo cual se realiza con el siguiente orden de ideas.

Tomando en consideración el fenómeno de la codificación de las leyes, se puede atender a que la especialización de cualquier rama del derecho, sea público, privado o social, es requerida por las siguientes razones:

1) Un solo código resulta insuficiente para regular la convivencia humana.
2) Es necesaria la especialización de los conocimientos jurídico-científicos.
3) La mutación de las Leyes debe ser permanente.

Atendiendo a lo anterior, se tiene que efectivamente, el derecho penal fiscal, es una especialidad del derecho penal, puesto que por si mismo el derecho penal fiscal no puede subsistir, sino que requiere de la existencia del derecho penal, ya que si bien es cierto que en el Código Fiscal de la Federación, un capítulo denominado “de las sanciones y de los delitos fiscales”, también lo es que las reglas para la integración de la averiguación previa, y en su caso l aplicación de un proceso penal en contra de quien hay cometido un delito fiscal, se tendrá que referir al Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que en el apartado de dicha materia en el Código Fiscal de la Federación, únicamente se establece que, por ejemplo, la autoridad fiscal, deberá de presentar querella para el efecto de perseguir el delito de defraudación Fiscal.

También cierto es que los mismos ordenamientos legales que rigen a nuestro país contemplan la posibilidad de emplear ordenamientos legales distintos del Código Fiscal de la Federación para la aplicación del Derecho Penal Fiscal.

El artículo 73 fracción XXI constitucional, reza que:
“El Congreso tiene facultad:
XXI.- para establecer los delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales; En las materias concurrentes previstas en esta constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; “[1]
En el Código Penal Federal, en su artículo 6º, dice “cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicaran estos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y, en su caso, las conducentes del libro segundo.” [2]
Y por último el artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica de la Federación dice:
“. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b), a l) de esta fracción;

b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal;

c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos;

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;

e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo;

f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;

i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado;

j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación;

k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal;

l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y

m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional.” [3]

Como ha quedado de manifiesto, es claro que el derecho penal fiscal, efectivamente es una especialidad del derecho penal, puesto que los mismos ordenamientos legales de nuestro país así lo establecen, asemás de que no se puede apreciar de que forma podría ser una rama del derecho autónomo sin que dependa efectivamente del derecho penal.

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/74.htm?s=
[2] Código Penal Federal. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/7.htm?s=
[3] Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. http://www.scjn.gob.mx/leyes/ArchivosLeyes/461_24%20DE%20DICIEMBRE%20DE%201991.doc

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