Tuesday, October 17, 2006

“ANÁLISIS DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES
PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES USADOS"

(DECRETO PUBLICADO EN D.O.F. El 22 DE AGOSTO DE 2005)

ARTÍCULO PRIMERO. Se permite la importación definitiva de los vehículos automotores usados de transporte de hasta quince pasajeros y de los camiones de capacidad de carga hasta de 4,536 Kg, incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda, que se clasifiquen en las fracciones arancelarias 8702.10.01, 8702.10.02, 8702.90.02, 8702.90.03, 8703.21.99, 8703.22.01, 8703.23.01, 8703.24.01, 8703.31.01, 8703.32.01, 8703.33.01, 8703.90.99, 8704.21.02, 8704.21.03, 8704.31.04, 8704.31.99 y 8716.10.01, de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, cuyo año-modelo sea de entre diez y quince años anteriores al año en que se realice la importación, siempre que el Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en los Estados Unidos de América, Canadá o México.

Se establece un arancel ad-valorem del 10%, para las fracciones arancelarias aplicables a la importación definitiva de los vehículos automotores usados a que se refiere este Decreto, sin que se requiera permiso previo de la Secretaría de Economía.

La importación definitiva a que se refiere este artículo se realizará mediante pedimento, el cual únicamente podrá amparar un vehículo usado.

ARTÍCULO SEGUNDO. La importación temporal de los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, que se realice a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, podrá convertirse en definitiva pagando los impuestos correspondientes, actualizados desde la fecha en que se importaron temporalmente y hasta que se efectúe el pago.

Para el trámite de importación definitiva de los vehículos señalados en el párrafo que antecede se requerirá su presentación física ante la autoridad aduanera, conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales.

ARTÍCULO TERCERO . La Secretaría de Economía podrá fijar cupos anuales para la importación definitiva de automóviles usados.

ARTÍCULO CUARTO. El impuesto al valor agregado que se cause por la importación definitiva de automóviles usados conforme al presente Decreto, se efectuará considerando únicamente el margen de comercialización. Para los efectos del presente Decreto, se entenderá que el margen de comercialización es el 30% del valor del automóvil, adicionado con el impuesto general de importación y de las demás contribuciones, que, en su caso, se paguen por la importación.

ARTÍCULO QUINTO. Los propietarios de los vehículos importados en definitiva conforme al presente Decreto, deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular, debiendo presentar copia del pedimento de importación definitiva.

ARTÍCULO SEXTO. Los agentes aduanales, por la tramitación del pedimento de importación definitiva de los automóviles usados a que se refiere el presente Decreto, tendrán derecho a la contraprestación señalada en el último párrafo de la fracción IX, del artículo 160 de la Ley Aduanera.

ARTÍCULO SÉPTIMO . Se considerará que los vehículos importados en definitiva al país conforme al presente Decreto se encuentran legalmente en el mismo hasta que dichos vehículos se inscriban en el Registro Público Vehicular y obtengan las placas de circulación. La legal estancia en territorio nacional de los vehículos que se importen de conformidad con el presente Decreto se acreditará con el pedimento de importación definitiva, la constancia de inscripción en el Registro Público Vehicular y las placas de circulación respectivas o documento equivalente que permita la circulación del vehículo.

ARTÍCULO OCTAVO. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause por la primera enajenación de automóviles que se realice al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación al consumidor, incluyendo el precio del equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, no exceda de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siempre que el impuesto mencionado no sea trasladado ni cobrado al adquirente de los automóviles mencionados.

Así mismo, se exime del pago del mencionado impuesto por la importación definitiva de automóviles que realice directamente el consumidor final, siempre que el valor en aduana no exceda de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Tratándose de automóviles cuyo precio de enajenación o valor en aduana, según se trate, se encuentre comprendido entre $150,001.00 (ciento cincuenta mil un pesos 00/100 MN) y $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 MN), la exención a que se refiere este artículo será del 50% del pago del impuesto sobre automóviles nuevos.

Las cantidades a que se refiere este artículo se actualizarán en el mes de septiembre de cada año, iniciando en el mes de septiembre de 2006, para lo cual se aplicará el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de agosto del último año hasta el mes de agosto inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO NOVENO. La aplicación de los beneficios que establece el presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna.

ARTÍCULO DÉCIMO. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente Decreto.

Transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las personas físicas que antes de la entrada en vigor del presente Decreto tengan en el país automóviles usados importados temporalmente, de aquellos a los que se refiere el primer párrafo del artículo primero de este instrumento, podrán cambiarlos al régimen de importación definitiva, sin necesidad de que se efectúe el retorno al extranjero.

Para la determinación de las contribuciones, y las regulaciones no arancelarias aplicables a la importación definitiva de los vehículos usados a que se refiere este artículo, se considerará como fecha de internación del vehículo la del pago de las contribuciones para su importación definitiva.

En los casos a que se refiere este artículo, las personas físicas podrán efectuar el cambio de importación temporal a definitiva únicamente por un vehículo. Para efectuar el cambio de régimen aduanero previsto en este párrafo no será obligatoria la presentación de la documentación comprobatoria de la importación temporal del automóvil de que se trate.

El cambio de importación temporal a definitiva previsto en este artículo, únicamente se podrá efectuar durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Para el trámite de importación definitiva de los vehículos señalados en este artículo se requerirá presentarlos físicamente ante la autoridad aduanera, conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales.

No podrán ser objeto de importación definitiva los vehículos automotores usados que se encuentren embargados, asegurados o decomisados o que hubieran pasado a propiedad del Fisco Federal, antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

Las autoridades publicarán en una o varias páginas de internet los datos de identificación de los vehículos a que se refiere este artículo que sean importados en definitiva, debiendo contener por lo menos el Número de Identificación Vehicular y el número de pedimento. La información de los vehículos en la página de internet deberá estar disponible para el público en general por lo menos tres meses posteriores a la fecha de su importación definitiva.

TERCERO. Para los efectos del artículo séptimo de este Decreto la inscripción en el Registro Público Vehicular y la obtención de las placas de circulación o del documento equivalente que permita la circulación del vehículo podrá obtenerse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere realizado la importación definitiva del vehículo de que se trate.

CUARTO. Los poseedores de vehículos que no puedan ser objeto de importación definitiva conforme al presente Decreto, siempre que no se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo en materia aduanera, contarán con un plazo que terminará el 31 de diciembre de 2005 para donarlos al Fisco Federal o retornarlos al extranjero.

QUINTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordinará con las Entidades Federativas, que así lo deseen, para la aplicación de este Decreto retribuyéndoles, en su caso, con una cantidad equivalente a la recaudación no participable que se obtenga en los términos del Segundo Transitorio del presente Decreto.”[1]


Lo establecido por el decreto que a la letra fue transcrito, es violatorio de las garantías individuales atendiendo al siguiente orden de ideas y redacción de los artículos Constitucionales.

“ARTICULO 1o.- EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO INDIVIDUO GOZARA DE LAS GARANTIAS QUE OTORGA ESTA CONSTITUCION, LAS CUALES NO PODRAN RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SINO EN LOS CASOS Y CON LAS CONDICIONES QUE ELLA MISMA ESTABLECE….”[2]

El decreto con antelación mencionado, es a todas luces violatorio del precepto constitucional invocado, toda vez que éste precepto impone la obligación de conceder a todos y cada uno de los mexicanos todas y cada una de las garantías que la Carta Magna otorga, sin embargo, el decreto realiza una distinción, privilegiando a aquelos que dessen realizar la importación de un vehículo automotor usado, que si bien es cierto que esa facultad, esta otorgada a todo mexicano, también lo es que atenta con lo que establece el 22 constitucional que a la letra reza:
“ARTICULO 25. CORRESPONDE AL ESTADO …
EL ESTADO PLANEARA, CONDUCIRA, COORDINARA Y ORIENTARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA NACIONAL, Y LLEVARA A CABO LA REGULACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DEMANDE EL INTERES GENERAL EN EL MARCO DE LIBERTADES QUE OTORGA ESTA CONSTITUCION.
BAJO CRITERIOS DE EQUIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD SE APOYARA E IMPULSARA A LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO DE LA ECONOMIA, SUJETANDOLOS A LAS MODALIDADES QUE DICTE EL INTERES PUBLICO Y AL USO, EN BENEFICIO GENERAL, DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS, CUIDANDO SU CONSERVACION Y EL MEDIO AMBIENTE.” [3]
Como bien puede desprenderse, el Estado Mexicano a través del presente decreto, no respeta lo imperado por la constitución, puesto que si bien es cierto que no debe de existir prohibición alguna para que un individuo posea los bienes que éste pueda obtener lícitamente, también lo es que no ha prestado atención a la industria nacional y al empresariado o comerciante nacional, que no sólo debe de sortear las grandes dificultades que se tienen para tributar, sino que además tiene que competir en contra de aquellos que adquieren dichos vehículos, máxime que quienes son importadores de los mismos, no importan un solo vehículo, tal y como pretende el decreto autorizar, sino que por el contrario, se han establecido grandes importadores de vehículos, dejando en un completo estado de indefensión a aquellos que poseen una industria parecida.
“ARTICULO 5o.- A NINGUNA PERSONA PODRA IMPEDIRSE QUE SE DEDIQuE A LA PROFESION, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO QUE LE ACOMODE, SIENDO LICITOS. EL EJERCICIO DE ESTA LIBERTAD SOLO PODRA VEDARSE POR DETERMINACION JUDICIAL, CUANDO SE ATAQUEN LOS DERECHOS DE TERCERO, O POR RESOLUCION GUBERNATIVA, DICTADA EN LOS TERMINOS QUE MARQUE LA LEY, CUANDO SE OFENDAN LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. NADIE PUEDE SER PRIVADO DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO, SINO POR RESOLUCION JUDICIAL….”[4]
Atendiendo nuevamente al razonamiento anterior, se ve una gran violación a la norma máxima, ya que el artículo 5º establece que efectivamente cualquier persona puede dedicarse a la actividad que a éste mejor le plazca, siempre y cuando sea lícita, sin embargo, también es cierto que esta libertad debe de quedar normada y regulada de una manera diferente, puesto que si esta afectando intereses de terceros, un ejemplo de esto, sin que llegue a considerarse como cierto, lo puede ser, en comparativa, la denominación de origen, el cual pretende desde luego proteger una industria nacional.
Las cuotas compensatorias que son impuestas por el decreto, resultan insuficientes en relación con el criterio manifestado, puesto que sólo trata de compensar la importación de los vehículos usados, que desde luego, son inferiores en valor comercial que un vehículo automotor nuevo, sin embargo, la cuota compensatoria, al igual que quien la establece a través de los órganos competentes administrativos, únicamente consideran la tributación, más sin embargo, se entiende, que no son considerados las demás cargas económicas que el propio Estado ha impuesto, tales como el costo laboral o financiero que incluyen las aportaciones de seguridad social, vivienda, o incluso de arrendamiento de inmuebles, su mantenimiento, etc.
Es menester, que no sólo sea analizado el punto de vista que se pudiese tener respecto de las personas que no se dedican a la importación de vehículos automotores usados, puesto que también existe la contraparte a todo ello, aquellas personas que por las cuestiones sociales, políticas o económicas se han visto en la necesidad de abandonar el país en busca de mejores oportunidades laborales que permitan tener un nivel de vida decoroso y suficiente para la consecución de todo orden social; la familia.
Aquellas personas que han tomado la decisión de abandonar el país, también se ven inmersas en una serie de dificultades por la incapacidad de los Órganos del Estado de proveer leyes carentes de intereses políticos o de ciertos grupos sociales que lo único que pretenden y logran es beneficiar a un solo sector, desde luego pequeño de la sociedad.
“ARTICULO 14. A NINGUNA LEY SE DARA EFECTO RETROACTIVO EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA.
NADIE P[5]ODRA SER PRIVADO DE LA LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO…”[6]
Lo señalado por éste artículo, presupone la existencia de la privación de las posesiones mediante un juicio seguido ante una autoridad judicial previamente establecido y que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, si bien es cierto que existe una ley del procedimiento administrativo, también lo es que el órden constitucional, jerárquicamente está por encima de una ley federal y no se cumplen cabalmente con los requisitos que la propia constitución establece.
El propio decreto, señala que se tiene que verificar físicamente la unidad que se pretenda importar, si es de recién introducción al territorio o bien, si ya tenía una importación temporal, se deberá de acudir a la aduana para su inspección, lo cual no prevé que en un determinado momento, éste puede ser retenido por la autoridad colmando el supuesto del 14 Constitucional.
“ARTICULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.
EN TODA ORDEN DE CATEO, QUE SOLO LA AUTORIDAD JUDICIAL PODRA EXPEDIR Y QUE SERA ESCRITA, SE EXPRESARA EL LUGAR QUE HA DE INSPECCIONARSE, LA PERSONA O PERSONAS QUE HAYAN DE APREHENDERSE Y LOS OBJETOS QUE SE BUSCAN, A LO QUE UNICAMENTE DEBE LIMITARSE LA DILIGENCIA, LEVANTANDOSE AL CONCLUIRLA UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN PRESENCIA DE DOS TESTIGOS PROPUESTOS POR EL OCUPANTE DEL LUGAR CATEADO O EN SU AUSENCIA O NEGATIVA, POR LA AUTORIDAD QUE PRACTIQUE LA DILIGENCIA. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PODRA PRACTICAR VISITAS DOMICILIARIAS UNICAMENTE PARA CERCIORARSE DE QUE SE HAN CUMPLIDO LOS REGLAMENTOS SANITARIOS Y DE POLICIA; Y EXIGIR LA EXHIBICION DE LOS LIBROS Y PAPELES INDISPENSABLES PARA COMPROBAR QUE SE HAN ACATADO LAS DISPOSICIONES FISCALES, SUJETANDOSE EN ESTOS CASOS A LAS LEYES RESPECTIVAS Y A LAS FORMALIDADES PRESCRIPTAS PARA LOS CATEOS…”[7]
Ahora bien, estando en el supuesto de que se requiere la revisión de un vehículo que se pretende importar, éste al ser un acto administrativo, efectivamente debe de cerciorarse la autoridad que se han cumplido con las contribuciones establecidas para ello, pero ésta actividad de la autoridad aduanera, se debe de equiparar a un cateo, puesto que en estricto sentido eso es una inspección, mas que sin embargo, no se establece por el decreto que es lo que se pretende cerciorar, sin tomar en cuenta las contribuciones, puesto que también es cierto que en ese momento, puede quedar a disposición de la autoridad realizando un secuestro del vehículo.
El análisis de éste precepto constitucional, también debe de entenderse en la ilegalidad de los actos en los que puede incurrir la autoridad aduanera o hacendaria al determinar y mencionar artículos como: “ARTÍCULO DÉCIMO. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente Decreto.”

Desde luego éste artículo del decreto es ilegal toda vez, que se deja en un completo estado de indefensión a quien pretenda importar un vehículo puesto que no existe certeza respecto del acto que se pretenda ejecutar y por tanto el gobernado, se encuentra imposibilitado de acogerse a un cuerpo legal que le permita realizar dicha importación.
“ARTICULO 31. SON OBLIGACIONES DE LOS MEXICANOS:
IV. CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PUBLICOS, ASI DE LA FEDERACION, COMO DEL DISTRITO FEDERAL O DEL ESTADO Y MUNICIPIO EN QUE RESIDAN, DE LA MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES. “[8]
Por último y no menos importante se analiza el artículo 31 Fracción IV de la Carta Magna, en donde tal vez resulte controversial la opinión aquí vertida.
Se debe de considerar que efectivamente todos los mexicanos están obligados a contribuir con el gasto público, sin embargo, este debe de ser de manera equitativa y proporcional, lo cual, ha sido debate de los tribunales establecer en primera, las definiciones de dichos conceptos y en segundo término decidir que es lo equitativo y lo proporcional de manera líquida, es decir, mediante una cuota o tarifa.

[1] “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados” http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/Descargas/decreto.pdf
[2] Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/29.htm?s=
[3] Idem

[4] Idem

[5] Idem
[6] Idem
[7] Idem
[8] Idem

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